Derechos laborales y la Ley de Igualdad Salarial, “Ledbetter”

8 Feb

El pasado 29 de enero el recién asumido Barack Obama firmó la primera ley Ledbetter sobre equidad Salarial denominada “Acta Lilly Ledbetter de Restablecimiento del Pago Justo”. Su origen se basa en la demanda que realizara la trabajadora quien no dudo en exponer los abusos y discriminaciones que vivió luego de enterarse que por más de 15 años recibió por parte de sus empleadores (Empresa de neumáticos Goodyear Tire and Rubber Company) un sueldo un 40% menor al que sus pares hombres que realizaban el mismo trabajo.

En un contexto en el plano de los derechos como es nuestra base, La Declaración Universal de derechos humanos de Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948 proclama ciertos derechos en materia laboral, reconociendo que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos… sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”

En el artículo 23 de la misma declaración se establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo” y que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual”

En chile, los derechos de trabajadores y trabajadoras deberían estar resguardados en la legislación, específicamente en el código del trabajo, documento que nada señala a respecto. Actualmente se encuentra en trámite el proyecto de Ley que pretende igualar las remuneraciones para hombres y mujeres en tareas similares que, si bien ingreso al congreso el 19 de julio de 2006, luego fue aprobado por la comisión de Familia de la Cámara de Diputados, está en segundo trámite constitucional pero como una tramitación sin urgencia.

El proyecto pretende modificar el artículo 62 bis del Código Laboral, para señalar que, “en materia de remuneraciones deberá aplicarse el principio de igualdad entre el trabajo masculino y femenino por un servicio de igual valor”.

La iniciativa obliga a todo empleador, con cinco o más trabajadores, a mantener un registro escrito que consigne los diversos cargos o funciones ejercidos por sus trabajadores y trabajadoras, designando el número de personas que los desempeñan y señalando los nombres de quienes actualmente los ejercen.

El bullado proyecto presenta ciertos vacíos, por ejemplo, sobre la calificación de igualdad de cargos dejando a interpretación libre lo que se entenderá por ello, no señala la incorporación en el Estatuto Administrativo (Derecho Público) una norma específica sobre discriminaciones de género y otra sobre remuneraciones iguales por trabajo de igual valor, como se llevaran en caso de demandas por no cumplimiento por parte de la nueva justicia en materia laboral, nos preguntamos ¿Los/as jueces y juezas conocerán de perspectiva de género, para aplicar dicha normativa desde un plano de equidad? ¿El Proyecto en trámite se ajustará a los instrumentos internacionales de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que regulan dichas materias?

Es de esperar que se cuente con una iniciativa efectiva que elimine la discriminación en el ámbito laboral que existe contra las mujeres trabajadoras que alcanzan al 40% en el pasado 2008 y no solo en materia de remuneraciones, sino en tantos planos que vulneran nuestros derechos.

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